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Audibilidad de las lenguas indígenas y radios comunitarias en México.

Por Rodolfo Martínez Martínez *

 

Audibilidad: Cualidad de audible.
Audible: Que se puede oír

En la modernidad mexicana caracterizada por el retroceso en la transición democrática que se planteó como expectativa en el inicio del siglo XXI, cuyo principal síntoma es la violencia generalizada, los corporativos transnacionales y locales del entretenimiento masivo global, actúan agresivamente influyendo en la aceleración de la extinción de las lenguas indígenas.

Éstas se ven agredidas mediante la imposición del proceso de homogenización cultural, mismo que, través de la cultura de masas, reproduce el racismo dominante, contribuyendo de esa manera a crear un entorno particularmente hostil para las lenguas indígenas, al que se puede denominar discriminación mediática.

Las lenguas indígenas nacionales, en mayor o en menor medida, se encuentran amenazadas por la discriminación lingüística que en forma compleja se efectúa en contra de ellas, debido a la concurrencia de lo que constituye un conjunto de factores históricos y culturales que llevan a la discriminación y que hace urgente la implementación de una política pública basada en la audibilidad de las lenguas indígenas.

La audibilidad es un término en construcción y se refiere a la cualidad de audible, lo que se puede oír, el cual, en este contexto de reflexión, nos habla de la necesidad de hacer que las lenguas indígenas se oigan más allá de los espacios familiares de las comunidades.

En tales términos, lo que se requiere es que las lenguas indígenas se oigan en los espacios públicos, abiertos, para romper el silencio público en que se encuentran. Que salgan de su ocultación en los espacios privados o cortos, donde han sido recluidas históricamente por la discriminación, entendida ésta como el orden ideológico y material dominante en México, basado en el racismo y la discriminación racial.

En este contexto nacional de discriminación dominante, las radios comunitarias son idóneas para elevar la audibilidad de las lenguas indígenas, porque, además de que son medios de comunicación locales, esenciales en los contextos culturales de las comunidades indígenas que los albergan, son espacios públicos.

Dicho orden racista y discriminador cuya base está asentada en las asimetrías del poder, tiene en la industria de la radio y la televisión un baluarte infranqueable que también sirve, de acuerdo con el caso de que se trate, como poder aplastante de cualquier forma de diversidad cultural que, de acuerdo con la preservación de los privilegios de los radiodifusores, actúe en contra de sus intereses financieros.

Esta discriminación mediática constituye el orden desde el cual, en los años recientes, con la ventaja que les da su posición privilegiada en las asimetrías económicas, los radiodifusores de la industria han orquestado en México la llamada criminalización de las radios comunitarias, mismas que en su mayoría constituyen núcleos culturales y de comunicación ancestrales.

Las expresiones más recalcitrantes de dicha discriminación mediática están sustentadas en un irracionalismo fundamentalista tecnocrático a la mexicana, mismo que actúa abiertamente en la defensa pública de sus intereses financieros, y que se caracteriza esencialmente por su intolerancia hacia las comunidades indígenas.

Dicha intolerancia se manifiesta particularmente en la política de eliminación de las radios comunitarias, como expresión del racismo encubierto de los radiodifusores, quienes, como poder fáctico, las han agredido con inescrupulosa alevosía al demandar jurídicamente que el Estado mexicano las suprima.

Los industriales esconden en los espacios más oscuros del edificio de la discriminación mediática, sus tendencias racistas acusando a las comunidades indígenas y a las radios comunitarias de la violación de la Ley General de Bienes Nacionales, para provocar un castigo desproporcionado, no sólo ejemplar, sino eliminador.

Reclaman el castigo jurídico a toda costa dejando ver que, en el fondo, lo que buscan es que se reprima a las comunidades indígenas con todo el poder del Estado, sin reparar en que ellos mismos violentan los artículos 2º y 4º constitucionales, 6º y 7º de la Ley General de Derechos Lingüísticos, el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, así como otros derechos humanos, sin que por ello sean, por lo menos, reconvenidos.

Actualmente, las leyes mexicanas así como muchos acuerdos y normas internacionales de las cuales México es firmante, impulsan el fortalecimiento de las lenguas indígenas, sacándolas de los espacios cortos o privados, para llevarlas a los espacios públicos, abiertos, donde se construye la convivencia, y entre los cuales destacan, colocados en los polos opuestos de la asimetría mediática imperante, los medios de comunicación masivos y los hoy conocidos como comunitarios.

Sin embargo, lejos de plantearse en los industriales de la radio y la televisión una actitud de convivencia con las radios comunitarias, que renuncie a la discriminación lingüística y a la intolerancia, esta discriminación mediática a la mexicana se encona en su política de eliminación y destrucción de las expresiones comunicativas de las comunidades indígenas de México.

Dicha política, en las décadas recientes, ha caracterizado a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión como grupo de poder fáctico pues ha dado muestras fehacientes de que sistemáticamente ha estructurado y animado una política encubierta de limpieza étnica y lingüística, la cual, lejos de ser detenida por las autoridades competentes, se ve alimentada por la decisión política de acrecentar la concentración de los monopolios mediáticos.

La Encuesta 2010 de discriminación en México, presentada recientemente por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), revela un panorama que no es promisorio. Por el contrario, las lecturas múltiples de dicha encuesta apuntan a confirmar que en México las prácticas discriminatorias en contra de los indígenas son vigentes, generalizadas y que han sido invisibilizadas, por lo que, mientras no sean visibilizadas, resulta muy difícil su erradicación.

No sobra decir que, aun así, para lograr la audibilidad de las lenguas indígenas, y con ello disminuir los riesgos de su extinción, los industriales radiodifusores agremiados en la Cámara tienen la palabra, así como el poder de hacerla oír, y que, dentro del estado de derecho, bastaría con que cumplieran la normatividad vigente.

Pero, dadas las evidencias, en la asimetría mexicana se elevan vertiginosamente las posibilidades de que los radiodifusores pasen a la historia distinguiéndose, no sólo por sus incuestionables “aportaciones al desarrollo industrial de México”, sino por sus alevosas prácticas de limpieza étnica y lingüística, lo cual debiera comenzar a preocuparles, por lo menos un poco. 

 

* Rodolfo Martínez Martínez es comunicólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es jefe del área de Difusión en la Dirección de Educación Informal y Vinculación de la Coordinación General de Educación Intercultural Y Bilingüe de la SEP.

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